Segunda Rueda de Simposios “Respuesta Regional para la protección Integral a víctimas de la trata de personas”
La Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), la Fundación Alas de Colibrí y la Universidad Indoamérica lideraron la segunda
Rueda de Simposios “Respuesta Regional
para la protección Integral a víctimas de la trata de personas", un
espacio en el que se generaron reflexiones claras sobre la trata de personas a
nivel regional desde el eje de la investigación y sanción del delito y la
reparación a las sobrevivientes. .
El evento contó con las intervenciones de expertos a nivel nacional e
internacional, quienes abordaron la trata de personas desde una perspectiva
intersectorial que permitió obtener una comprensión integral de este delito y
entretejer acciones, herramientas, actividades y propuestas innovadoras para
hacerle frente.Durante su
conferencia magistral: “Una mirada
regional a la respuesta efectiva en la investigación y judicialización del
delito de trata de personas con enfoque de derechos humanos”, María
Fernanda Rodríguez, ex secretaria de justicia de Argentina, resaltó la
importancia de generar acuerdos entre las naciones para establecer protocolos
globales de investigación, identificación y atención a las víctimas.
En la misma línea, Dayan Corrales, Oficial
Regional de Protección de la OIM, ofreció algunos indicadores de identificación
de víctimas de trata de personas y refirió cómo se asocian los riesgos a los
factores estructurales y/o comunitarios a los actos, medios y fines de este
delito.
Así mismo señaló que la trata de personas es
un delito que atenta contra la dignidad y los derechos de los individuos, no
necesariamente implica un cruce de fronteras, hay mecanismos de sometimiento y
la fuente principal de ingresos para las redes de trata es el dinero obtenido
mediante la explotación de las víctimas.
Investigación del delito
A través de un panel en el que intervinieron
Carolina Suazo, Fiscal Adjunta de la República de Chile y María Ángeles
Palacio, Vocal de la Cámara 3era en lo Criminal de Córdoba Argentina, se abordó
la importancia de la investigación proactiva de la trata de personas y la
valoración de las pruebas desde la perspectiva de género.
En este sentido, Suazo explicó que ante la
imposibilidad de denunciar de las víctimas se debe hacer un análisis de delitos
conexos para detectar casos y fiscalizaciones asociadas a otras materias
(controles migratorios, controles laborales, sanitarios) y resaltó la
importancia de crear equipos conjuntos de investigación, lo que permitirá un
intercambio de información más rápido.
Asimismo, Palacio dijo que es fundamental
incorporar la perspectiva de género tanto en las normas penales como en los
procesos de investigación y destacó que, en Argentina, el testimonio de la
víctima no es necesario en los procesos, ya que existe una grave vulneración a
sus derechos cuando se coloca su testimonio como centro del proceso.
Por otro lado, la fiscal coordinadora de la
Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional
(FEDOTI) , María Susana Rodríguez, aseguró que “la trata de personas es un
delito pluriofensivo. Hay muchos casos en los que se tipifica el hecho, sin
embargo, al instrumentar los procedimientos se confunde el tipo lo cual genera
impunidad. Para evitar la distorsión en el tipo penal hay que tener claro que
se investiga y delinear una estrategia de intervención considerando las
particularidades de cada caso”.
Además, explicó que entre el 2018 y el 2022
solo el 3% de casos denunciados han alcanzado una sentencia condenatoria. Esto
se ve reflejado en una disminución en cuento a la noticia del delito de trata
de personas, ya que existe una falta de intervención y desconocimiento de
instituciones que atienden a personas, por ejemplo, en el ámbito educativo,
salud, entre otros.
También explicó que Ecuador no solo es un país
de origen, sino de tránsito y de destino, las víctimas son niños, niñas,
adolescentes y adultos; sin embargo, este delito tiene mayor incidencia en
mujeres que en hombres.
Juzgamiento del delito
En la misma línea, la jueza Palacio, habló
sobre “la responsabilidad estatal en el
juzgamiento del delito de trata de personas “ y explicó que el Estado puede
violar los derechos humanos de las víctimas de tres maneras: a través de la
permisión de las redes por parte del poder Ejecutivo (colaborando, omitiendo, dolosa, culposa
participación), conductas del poder judicial (omisión de juzgamiento,
reparación, resarcimiento, revictimización, falta de adecuación legislativa a
los tratados de DDHH) y con la falta de adecuación legislativa a los tratados
internacionales suscritos.
Reparación integral a las
víctimas
Por otro lado, Javier Arcentales, delegado de
la Corte Constitucional del Ecuador, se refirió al derecho a la reparación
integral de las víctimas de trata de personas desde un enfoque de derechos
humanos y explicó que a través de la reparación integral, la posibilidad de que
una víctima pueda volver al estado al que estaba antes de la afectación es muy
reducida, por lo que se deben adoptar todas las medidas necesarias para que la
persona pueda volver a su proyecto de vida, “no puede haber una verdadera
reparación si no se escucha a las víctimas” concluyó.
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