Denuncian intento para bajar impuesto al tabaco y desmantelar políticas de salud en Ecuador

 Expertos latinoamericanos en control del tabaco advirtieron acerca de la permanente práctica de la industria tabacalera de responsabilizar del contrabando de cigarrillos a los impuestos que los gobiernos les aplican para desalentar su consumo, ejerciendo así presión para que esa política de salud quede sin efecto.

El señalamiento lo hicieron a raíz del intento de desmantelamiento de las políticas de control del tabaco en Ecuador, donde la discusión de un proyecto de ley para sancionar el contrabando ha sido vista por las tabacaleras como una oportunidad para dejar sin efecto los impuestos al tabaco y, además, pretender compensaciones aduciendo pérdidas causadas por el contrabando.

En efecto, la gerencia general de ITABSA, TANASA Y PROESA propuso formalmente "la emisión de Bonos Tributarios en favor de las empresas nacionales que hayan sido altamente afectadas por el contrabando".

El doctor Eduardo Bianco, coordinador regional de Framework Convention Alliance for Tobacco Control (FCA) y presidente del grupo de expertos sobre tabaquismo de la World Heart Federation (WHF), explicó que en los últimos 15 años las prevalencias de tabaquismo disminuyeron significativamente por las políticas que introdujo a nivel mundial el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT); pero que aún así anualmente provoca 500 mil muertes en Latinoamérica y US$ 31.000 millones en gastos médicos directos.

"No hemos podido hacer más porque la medida más efectiva, el aumento de precios al tabaco, y que aumenta la recaudación fiscal, no ha podido ser adecuadamente implementada. Ello se debe a que la industria se opone ferozmente, hace lobby, presiona con amenazas legales y esgrime el "cuco" del contrabando, inflando las cifras", advirtió Bianco, un reconocido líder mundial en políticas de control del tabaco.

"El contrabando es importante combatirlo porque abarata el precio, se hace más accesible y eso aumenta el consumo, las enfermedades y las muertes; pero no porque los productos ilegales sean más riesgosos para la salud que los legales", agregó.

El médico uruguayo explicó también que el problema del contrabando de tabaco no lo puede resolver un país en forma aislada, por eso se acordó el Protocolo para Eliminar el Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, un tratado adicional al CMCT que incluye entre sus principales medidas que los países dispongan de sistemas de trazabilidad para así constituir una red global de seguimiento de los productos de tabaco.

Al respecto, Ecuador dispone desde 2017 del Sistema de Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo y Trazabilidad Fiscal (SIMAR), aplicado a bebidas alcohólicas, cervezas y cigarrillos de producción nacional, operado por el Servicio de Rentas Internas (SRI), y que es defendido por autoridades del sector de la salud. Tanto el subsecretario de Promoción de la Salud, doctor Eduardo Zea, como el presidente del Comité Interinstitucional de Lucha Antitabáquica (CILA), doctor José Ruales, valoraron positivamente la utilidad de SIMAR e instaron a mejorar los controles que se aplican en el país a la producción e importación de cigarrillos.

Eduardo Bianco también hizo ver que disminuir los impuestos al tabaco en el marco de la pandemia, no sólo agravaría las enfermedades crónicas que provoca, sino que haría más vulnerables a los fumadores a la enfermedad del Covid-19. "En ese contexto las tabacaleras se oponen al aumento de impuestos sólo por proteger su lucro, que es lo único que les importa. Los gobiernos tienen el derecho y el deber de proteger la salud de los ecuatorianos, al hacerlo deben disminuir el consumo y por tanto las ganancias de la industria, por eso se oponen y amenazan, cuando debería ser el propio Estado ecuatoriano quien demanda, la industria se da el lujo de amenazar y presionar, lo cual es escandaloso", enfatizó.

Los impuestos, los más efectivos.

El académico Guillermo Paraje, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile), Ph.D  de la University of Cambridge, hizo ver que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como académicos independientes, han comprobado que los impuestos son la política más costo efectiva para bajar el consumo de tabaco, no solo porque reduce el consumo e incentiva a dejar de fumar, sino sobre todo porque impide que los niños y jóvenes empiecen a fumar.

Asimismo, los impuestos son instrumentos de política sanitaria, no solo económica, porque además de aumentar recaudación, que en las actuales condiciones es muy necesitada, contribuye también a cubrir parcialmente los fenomenales gastos en salud que originan las enfermedades del tabaco.

"Son tan efectivos los impuestos que la industria pone especial interés en reducirlos. Si no afectaran a la industria, no pondrían tanto énfasis en combatirlos, esto se ve en todos los países de la región y del mundo, la industria agita el fantasma del contrabando con el solo objetivo de bajar los impuestos, no le interesa la recaudación, ni el bienestar de la población, solo el beneficio económico".

También el académico recordó que las empresas tabacaleras han estado directamente implicadas en numerosos casos de contrabando, tanto así que "la multa más grande en la historia de Canadá fue a la industria tabacalera por contrabandear sus productos".

Paraje, autor junto a investigadores del Pontificia Universidad Católica del Ecuador de un estudio en etapa final de elaboración acerca del contrabando de cigarrillos, dijo que es muy curioso que la marca de cigarrillos más contrabandeada en Ecuador sea una marca que se vende legalmente en Colombia.

"Hay algo muy extraño detrás de eso, una empresa que tiene conocimiento de su mercado como en Ecuador, donde el consumo si bien va a la baja, es relativamente estable, no tiene grandes variaciones. Una empresa que sabe cuál es su mercado, sabe que uno de sus productos que debe venderse en Colombia, no se está vendiendo en Colombia. Esa empresa es responsable por donde terminan sus productos y ese es el caso ecuatoriano, donde muchos de los casos detectados como contrabandeados, provienen de Colombia, donde presuntamente se venden lícitamente", dijo.

En toda la región, añadió, se observa que permanentemente la industria infla las cifras de contrabando para forzar la baja de impuestos, pero "en todos los estudios independientes, y hoy hay muchos, de manera consistente hemos encontrado cifras que están muy por debajo de lo que dice la industria", por tanto "no se deben reducir los impuestos, eso implica menor recaudación, peor salud y mayores gastos, a cambio de que las empresas aumenten sus ganancias".

"Lo peor es bajar los impuestos, lo que se debe hacer es fortalecer los controles si lo que nos preocupa es el contrabando", agregó.

El intento de la industria

En Ecuador, los congresistas conocen un proyecto denominado Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías, el cual se encuentra en la comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional.

Ante esa comisión y mediante una carta formalmente entregada, el gerente general de ITABSA, TANASA Y PROESA, Mauricio Sáenz, planteó la creación de normas para obtener indemnizaciones por la vía de una compensación tributaria descontable de los impuestos a pagar, por presuntos perjuicios ocasionados por el contrabando de cigarrillos.

ITABSA, TANASA Y PROESA son filiales de Philip Morris International (PMI), una de las más grandes tabacaleras del planeta.

"Con el objetivo de atacar y reducir el contrabando en los sectores más impactados en el Ecuador, mediante petición fundamentada del Comité Interinstitucional o cualquiera de los Ministerios de Finanzas o Producción, mediante Decreto Ejecutivo, el Presidente de la República podrá disponer la emisión de Bonos Tributarios en favor de las empresas nacionales que hayan sido altamente afectadas por el contrabando", dice esa carta.

Se agrega que "dichos bonos podrán ser utilizados por las empresas beneficiarias para el pago de cualquiera de los impuestos regulados por la Ley de Régimen Tributario Interno, sean propios, percibidos o retenidos".

Pero además se busca dejar sin efectividad el impuesto del 70 por ciento que grava al tabaco en Ecuador, por cuanto la carta dice que "con el objetivo de atacar y reducir el contrabando, las empresas beneficiarias deberán demostrar que la totalidad del valor obtenido como beneficio es destinado a la reducción del precio de venta al público de tales productos".

Si eso ocurriera, como se ha denunciado por los expertos antes reseñados, quedaría muerta una política de salud que, por la vía de los precios de los cigarrillos, busca desincentivar el fumado sobre todo en menores de edad y jóvenes.