La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, acogen con satisfacción el decreto presidencial de Ecuador que establece un proceso extraordinario de regularización para las personas venezolanas y sus familias que actualmente carecen de un estatus regular en el país. De acuerdo con estimaciones del Gobierno, esta iniciativa podrá beneficiar a unas 100.000 personas.
Ecuador acoge a la quinta población de personas refugiadas y migrantes de Venezuela más grande en las Américas. El actual proceso de regularización beneficiará a miles de personas que se inscribieron en el proceso anterior, en 2022, sin poder completar los pasos necesarios para para obtener su visa. En esa ocasión, muchas personas no pudieron regularizar su condición debido a obstáculos prácticos para reunir los requisitos, como presentar la documentación necesaria –pasaportes o documentos nacionales de identidad vigentes–, o costear los trámites administrativos.
El proceso permitirá que la población venezolana que se encuentra en Ecuador en situación irregular acceda a la visa denominada Residencia Temporal de Excepción, que inicialmente tiene una duración de dos años y puede ser renovada por dos más. Los beneficiarios de esta iniciativa se sumarán a las aproximadamente 97.000 personas que ya han regularizado su condición en el país.
“Esta iniciativa ayudará a miles de personas a salir de la sombra de la irregularidad, superar las importantes barreras que suponen años de falta de documentación y contribuir finalmente a sus comunidades de acogida”, declaró el Dr. Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de OIM y ACNUR para los Refugiados y Migrantes de Venezuela. “Las evidencias muestran que la integración de personas migrantes y refugiadas tiene importantes beneficios para el desarrollo de comunidades enteras”.
Las personas refugiadas y migrantes siguen figurando entre las más vulnerables a la violencia, la explotación, la trata de personas y la exclusión en general, en particular quienes carecen de una condición regular y de documentación. Este nuevo proceso en Ecuador tiene como objetivo eliminar algunas de las barreras enfrentadas durante el proceso de regularización anterior, entre ellas permitir que los venezolanos presenten su solicitud utilizando documentos nacionales de identidad y pasaportes vencidos desde hace hasta cinco años.
“En estos tiempos difíciles a nivel mundial y local, facilitar estas vías de protección e integración refleja verdaderamente el espíritu de solidaridad planteado en el Foro Mundial sobre los Refugiados; el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular; el Pacto Mundial sobre los Refugiados; y la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección”, añadió el Dr. Eduardo Stein.
Un estudio conjunto publicado a principios de 2024 por el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ACNUR reveló cómo las personas migrantes y refugiadas son clave para llenar vacíos en los mercados laborales locales y contribuyen al crecimiento de la economía en los países de acogida. Además, un estudio de la OIM demuestra que la migración regular puede tener un impacto positivo en la recaudación fiscal de los países de acogida, como en Colombia, donde en 2022 las personas refugiadas y migrantes de Venezuela aportaron casi el 2 por ciento de los ingresos fiscales del país. En Ecuador, donde más de la mitad de las personas desplazadas son jóvenes y adultos entre 18 y 59 años, existen importantes oportunidades para impulsar la inversión y el crecimiento económico. Esto es alcanzable cuando las personas tienen un estatus regular.
ACNUR y OIM, que colideran la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), reiteran su apoyo a la República del Ecuador e instan a la comunidad internacional, a los actores de desarrollo, al sector privado y a las instituciones financieras internacionales y regionales a proporcionar apoyo suficiente y oportuno al compromiso continuo de los gobiernos de la región para fomentar la protección y las soluciones a largo plazo para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y para las comunidades de acogida.
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